Grecia deberá tomar las medidas necesarias para garantizar una gestión adecuada de los residuos

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Sobre la Entidad

Comisión Europea
Representa y defiende los intereses del conjunto de la UE, elabora propuestas de nueva legislación europea y gestiona la labor cotidiana de poner en práctica las políticas y hacer uso de los fondos europeos.

La Comisión pide a Grecia que ponga en consonancia su legislación nacional con la Directiva marco sobre residuos (Directiva 2008/98/CE) y a la Directiva sobre vertederos (Directiva 1999/31/CE). La Directiva marco sobre residuos establece un orden de prioridades, la denominada «jerarquía de residuos», que debe aplicarse a la hora de elaborar legislación e iniciativas políticas para la prevención y la gestión de los residuos. En el marco de la «jerarquía de residuos», la prevención es una prioridad máxima, y el reciclado tiene prioridad sobre las operaciones de valorización energética o de eliminación.

Esto, en combinación con los objetivos de la Directiva sobre vertederos, significa que los Estados miembros deben adoptar medidas para garantizar que los residuos se recojan y traten de forma que se proteja tanto la salud humana como el medio ambiente.

El Pacto Verde Europeo y el Plan de Acción «Contaminación Cero», adoptado recientemente, establecen el objetivo de una contaminación cero para la Unión, lo que beneficia a la salud pública y al medio ambiente y favorece la neutralidad climática. Durante los últimos diez años, el vertedero de Miconos ha funcionado mal, como demuestran las diversas inspecciones llevadas a cabo por el organismo de inspección griego.

A pesar de algunos avances, el vertedero sigue contaminando el medio ambiente y supone un riesgo para la salud humana. Entre otras cosas, los lixiviados contaminan las aguas subterráneas, el biogás no se recoge ni se trata, sino que se libera directamente en la atmósfera, y hay residuos fuera del vertedero. Grecia debe velar por que se adopten medidas adecuadas para que el vertedero pueda funcionar de forma que no suponga un riesgo para la salud humana ni para el medio ambiente. Por consiguiente, la Comisión ha decidido enviar un dictamen motivado a Grecia, que dispone ahora de dos meses para responder y adoptar las medidas necesarias. De lo contrario, la Comisión podría remitir el asunto al Tribunal de Justicia.

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