La Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) ha desarrollado, a instancias de la Dirección General de Industria y de la PYME del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, un esquema de acreditación que tiene como objetivo aportar confianza a la Administración en relación con el cumplimiento de los requisitos medioambientales dentro del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
Todas las reformas o inversiones que se ejecuten en el marco de este Plan, en aplicación a la legislación europea, deben cumplir con el principio de “no causar un perjuicio significativo” a los objetivos medioambientales recogidos en el Reglamento (UE) 2020/852.
El objetivo del nuevo esquema es aportar confianza a la Administración en relación con el cumplimiento de los requisitos medioambientales dentro del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)
Esto implica que, como parte de la evaluación de las solicitudes de ayudas, la Administración exigirá a los solicitantes una autoevaluación en la que se justifique dicho cumplimiento. En ocasiones, la autoevaluación deberá ir acompañada de un informe de validación de la misma realizado por un evaluador independiente, que confirme las conclusiones de la autoevaluación y garantice que estas tienen una base técnica sólida, son razonables y están suficiente y apropiadamente justificadas.
En este marco, el esquema de acreditación elaborado por ENAC, tiene como objetivo aportar confianza a la Administración en la competencia y el buen hacer de dichos evaluadores y su sujeción a normas internacionales, en este caso, la norma UNE-EN ISO/IEC 17029:2019, que establece los requisitos para los organismos de verificación y validación, y la norma ISO/IEC 14065:2020, que establece los requisitos para los organismos de verificación y validación de información ambiental.
El esquema podrá ser utilizado por otros organismos, departamentos o administraciones que puedan requerir este tipo de evaluación independiente dentro de sus programas de ayudas.
El nuevo esquema demuestra una vez más la confianza depositada por parte de la Administración Pública en la acreditación como herramienta para garantizar la seguridad e integridad de actividades de evaluación de la conformidad.
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