Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha manifiesta sentirse defraudada y frustrada ante la negativa de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural a aceptar las mayor parte de las alegaciones que se le han presentado en el sentido de apostar de una vez por la reducción, la reutilización y el reciclado, en lugar de hacerlo por el vertido y por la llamada valorización que no es sino una simple incineración.
El escenario de los residuos en Castilla-La Mancha no puede ser más desalentador. Un alto porcentaje de residuos urbanos no gestionados que llenan los vertederos antes de tiempo, como ha ocurrido en el de Toledo. Unas bajas tasas de reciclado. Un descontrol evidente de los centros de gestión de los residuos tóxicos y peligrosos, de los residuos de construcción y demolición, de los lodos y de los neumáticos. Manga ancha para verter con la excusa de servir a la restauración en graveras, pozos y canteras. Una falta de control administrativo eficaz que ofrece el caldo de cultivo donde prosperan situaciones como las que han dado lugar a las catástrofes ambientales de Seseña y Chiloeches. Y todo ello aliñado además con la ausencia de protocolos de emergencias adaptados a estas catástrofes ambientales en las que ha primado la desinformación y el ocultamiento de los riesgos para la población y el medio ambiente.
El Plan desvirtúa los objetivos básicos de la Economía Circular, en los que decía inspirarse y así, cumpliéndose los peores augurios, el pasado día 29 de diciembre ha quedado aprobado un texto que tiene muy poco que ver con las medidas urgentes que exige el freno a la escalada imparable en la generación de residuos, que aseguren el avance únicamente de los tipos de gestión saludables para el medio ambiente y la salud y que eviten tanto la proliferación de vertidos y vertederos como el comercio ilegal pseudo-mafioso en auge.
Ecologistas en Acción puso en sus sugerencias al borrador especial interés en mantener como eje rector del Plan el principio de jerarquía –prioridad absoluta de la reducción, la reutilización y el reciclaje (las tres R)-
El plan además facilita el subterfugio para seguir apostando por la incineración a través de los llamados “combustibles alternativos” o CDR (combustibles derivados de residuos). Este será que, por ejemplo, el destino de parte de los neumáticos de Seseña y de las 50.000 toneladas de hidrocarburos tóxicos de la laguna de Arganda. Restos que se quemarán en centros de trabajo y cementeras, respectivamente, sin que nadie pueda asegurar que con su combustión no se liberarán a la atmósfera las mismas sustancias tóxicas que se emitieron en el incendio.
Ecologistas en Acción, organización que representa a las asociaciones de defensa de medio ambiente en Consejo de Prevención y Reciclado de Residuos, fiel a los propósitos de la Economía Circular –prolongar el ciclo de utilidad de los residuos, ahorrar materiales y recursos y evitar emisiones contaminantes-, puso en sus sugerencias al borrador especial interés en mantener como eje rector del Plan el principio de jerarquía –prioridad absoluta de la reducción, la reutilización y el reciclaje (las tres R)-, reclamando por ello la supresión del principio espurio de Gestión Integrada, que promueve la igualdad de rango de todos los tipos de gestión, en especial, de la incineración, que por sus efectos nocivos había sido colocada en penúltimo lugar, desvirtuando así la jerarquía en la gestión y haciéndola en la práctica inoperante.
Apostamos por los sistemas de SDDR (de depósito, devolución y retorno) en implantación en comunidades limítrofes como la valenciana. Por la instalación del contenedor de materia orgánica, por nuevos sistemas integrados de gestión. Por la sensibilización ambiental de los ciudadanos y de los agentes productores. Por la dotación de medios humanos que asegura la adecuada vigilancia y control en la gestión de los residuos.
Entre otras muchas cosas que no se han aceptado, sólo dos han parecido tener alguna respuesta por parte de la Consejería, el incremento de inspecciones, puesto en marcha ya con un programa recientemente aprobado. Y la imposición de tasas e impuestos al transporte y gestión que desincentiven el hecho de que hoy por hoy Castilla-La Mancha es una comunidad importadora de los peores residuos que se generan en España. Sin embargo ambas medidas tendrán dificultades en su aplicación, la primera por la falta de personal especializado, y la segunda porque requiere de modificaciones legislativas que no se sabe cuánto tardarán.
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