El Pleno del Consejo de Mallorca ha acordado instar al Parlamento de las Islas Baleares para que derogue el artículo 19 de la Ley 13/2012 (de medidas urgentes para la activación económica en materia de industria y energía, nuevas tecnologías, residuos, aguas, otras actividades y medidas tributarias) que permite la importación de residuos de fuera de las Islas Baleares.
La consejera de Medio Ambiente, Sandra Espeja, ha insistido en que "es imprescindible cerrar todas las puertas a la importación de residuos para que Mallorca no vuelva a ser nunca más el estercolero de Europa". Además, ha recordado que la importación de basuras contribuyó a incrementar la generación de escorias y cenizas, y en este último caso mermando la vida útil de su depósito.
Por otra parte, el acuerdo de Pleno también incluye la modificación del artículo 24 de esta misma ley para la creación de una tarifa específica para la materia orgánica deje de ser una obligatoriedad y sea opcional. En este sentido, la consejera Espeja ha querido dejar claro que la intención del Departamento de Medio Ambiente es que la fracción orgánica entre de manera gratuita en la planta de tratamiento.
"La implantación de una tarifa específica sería ahora mismo un factor disuasivo con efectos negativos muy previsibles para la economía de los municipios", dijo Espeja. Cabe recordar que el nuevo Plan Director Sectorial de Residuos no Peligrosos de Mallorca, que se está redactando desde el Departamento de Medio Ambiente, incluye la implantación en todos los municipios de la isla de la recogida de la materia orgánica.
La fracción orgánica supone el 40% en peso de la bolsa de basura, por lo tanto, con su separación se reduce el la incineración y se propiciaría el cierre de las líneas 1 y 2 de la incineradora. Además, la eficiencia de la incineradora aumentaría, provocando una mayor venta de energía que repercutiría sobre tarifa, ya que la materia orgánica se compone principalmente de agua y eso merma el poder calorífico.
La implantación de la recogida de materia orgánica mejoraría también las tasas de recogida selectiva, que según la normativa europea deben ser del 50% en 2010 y del 65% en 2030.
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