La Comisión insta a 7 Estados miembros a incorporar la nueva normativa sobre flujos de residuos

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Sobre la Entidad

Comisión Europea
Representa y defiende los intereses del conjunto de la UE, elabora propuestas de nueva legislación europea y gestiona la labor cotidiana de poner en práctica las políticas y hacer uso de los fondos europeos.

La Comisión pide a Bélgica, Grecia, Croacia, Luxemburgo, MaltaEslovaquia y Finlandia que pongan en consonancia su legislación nacional con las modificaciones introducidas en la Directiva (UE) 2018/849, por la que se modifican la Directiva 2000/53/CE, relativa a los vehículos al final de su vida útil, la Directiva 2006/66/CE, relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores, y la Directiva 2012/19/UE, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

La Directiva relativa a los vehículos al final de su vida útil tiene por objeto evitar los residuos procedentes de los vehículos, aumentar la reutilización, el reciclado y la valorización de materiales y mejorar el rendimiento medioambiental de los operadores económicos que intervienen en el ciclo de vida de los vehículos. La Directiva sobre pilas tiene por objeto mejorar el rendimiento medioambiental de las pilas y acumuladores y de las actividades de todos los operadores económicos que intervienen en su ciclo de vida. El objetivo de la Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos es contribuir a la producción y el consumo sostenibles mediante la prevención de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos, su reutilización, reciclado y valorización, y mejorar el rendimiento medioambiental de todos los operadores que intervienen en el ciclo de vida de dichos flujos de residuos.

El Pacto Verde Europeo subraya la importancia de que Europa siga avanzando hacia la consecución de sus objetivos medioambientales. La Comisión envió cartas de emplazamiento a los siete Estados miembros mencionados anteriormente en octubre de 2020, y ahora ha decidido enviarles dictámenes motivados. Los países en cuestión disponen de dos meses para responder y adoptar las medidas necesarias. De lo contrario, los asuntos podrían ser remitidos al Tribunal de Justicia.

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