Luz verde al Decreto sobre clasificación, codificación y vías de gestión de residuos en Cataluña

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Sobre la Entidad

Agencia de Residuos de Catalunya
Agencia dependiente del Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya.
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El Consejo Ejecutivo, en la sesión de 17 de octubre, aprobó el Decreto sobre la clasificación, la codificación y las vías de gestión de los residuos en CataluñaLa norma, bajo el criterio de simplificación administrativa y normativa, establece las vías de gestión de los residuos que se producen o gestionan en Cataluña y que sustituyen a las previstas en el Decreto 34/1996, de 9 de enero. El objetivo es recoger la experiencia alcanzada en la aplicación del Catálogo de residuos de Cataluña, las normativas posteriores y los avances en la gestión de residuos derivados del estado de la técnica, a la vez que vela y preserva el cumplimiento de la jerarquía de gestión establecida en las diferentes normativas.

Esta norma determina en qué condiciones las operaciones de incineración o coincineración se consideran operaciones de valorización, priorizándose las sobre la disposición del rechazo. Asimismo, revisa la clasificación, la codificación y las vías de gestión de los residuos en Cataluña y determina los que deben considerarse como peligrosos. Finalmente, establece el plazo de un año para desarrollar una guía técnica que detallará las operaciones de gestión admitidas para cada residuo.

Con la aprobación de la Ley reguladora de residuos, en 1993, Cataluña ya previó que la entonces Junta de Residuos debía mantener al día un código de identificación de los residuos industriales producidos, y que se debía regularizar una lista lo más amplia posible de los materiales y de las sustancias que eran objeto de ampliación en la normativa vigente. De ahí nació, en 1996, el primer Catálogo de residuos que se avanzaba a nivel de todo el Estado. El Catálogo se convirtió en una pieza esencial para el sector de la gestión de residuos, recogiendo la experiencia a nivel europeo.

Este Decreto entra en vigor a los tres meses de su publicación en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña.

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